Taxis vs VTCs ¿la ley del que más grita?

En la cuestión: Taxis vs VTCs ¿opera la ley del que más grita?

Asistimos atónitos estos días al lamentable espectáculo que la mayoría de asociaciones del taxi están ofreciendo en Barcelona, paralizando la ciudad y llegando incluso al ataque físico a los conductores y vehículos VTCs [utilizados por Uber o Cabify]. A ese bochornoso espectáculo se han unido posteriormente los taxistas de otras ciudades, como Madrid, Palma de Mallorca, Málaga, etc.

La cuestión no es compleja en absoluto. Es bien sencilla. Y se podría resumir en una sola frase: ¿quién se quiere que gane? ¿el más fuerte, como siempre? ¿o el que tiene derecho a establecerse, por ley?

La respuesta es sencilla. Pero la forma de llevarla a la práctica, no lo es tanto. Ya que los políticos de los cuatro principales grupos parlamentarios de la Cámara no han estado dispuestos hasta el momento a atajar el problema y darle la solución consistente en aplicar la ley (de la competencia y la Directiva de Servicios) a las que, por cierto -pequeño dato- nos obligamos con Europa a cumplir desde el momento de nuestra integración en la -entonces- Comunidad Económica Europea.

 

El problema inicial.

La huelga se inició la noche del viernes con el corte de la Gran Via barcelonesa, después de conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de mantener la suspensión cautelar del “Reglamento de ordenación de la actividad de transporte urbano discrecional de viajeros con conductor en vehículos de hasta nueve plazas que circula íntegramente en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona” impulsado por Ada Colau para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y con el que se pretendía frenar el avance de plataformas como Uber y Cabify.

Con ello, el TSJC acepta la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y señala que “El propósito del reglamento impugnado de cercenar sensiblemente el número de autorizaciones VTC [utilizadas por Uber o Cabify] operativas en el entorno metropolitano de Barcelona parece, hoy por hoy, bastante claro”, subrayando que “Nos enfrentamos a una norma que presenta toda la apariencia de pretender soslayar que las autorizaciones VTC son títulos habilitantes estatales que, precisamente, por su naturaleza y alcance no pueden verse cortocircuitados por otros títulos habilitantes indebidamente yuxtapuestos“.

Junto a la CNMC, el reglamento también había sido recurrido en los tribunales por la patronal de la VTC Unauto y el Ministerio de Fomento.

El problema de fondo.

Sin embargo, el verdadero problema que se esconde tras los gritos de los taxistas es la llegada de una competencia, leal y legal, de los vehículos con conductor (VTCs) a la que no estaban acostumbrados, como monopolio, y ante la que esgrimen un único argumento (curiosamente el que sí se les puede aplicar a ellos): que las VTCs no cumplen con la ley.

Lo cual no es cierto, tal y como se puede comprobar a continuación.

La demanda principal que hace el sector del taxi es que “se cumpla la ley” en cuanto a las licencias VTC.

La cuestión es compleja y sencilla a la vez, porque cumplirse, la ley se cumple, en el sentido de que los conductores de Cabify (desde 2009) y UBER (desde que lanzó UberX en 2016) actúan con sus correspondientes licencias VTC, conforme a la normativa vigente en ese sector.

¿Entonces? Pues bien, lo que realmente piden los taxistas es que se cumpla la restricción de limitar la concesión licencias VTC a la proporción de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi.

Para comprender esta cuestión, resulta importante tener en cuenta las normas que llevaron a ello:

  • la Ley 25/2009 liberalizó el sector, eliminando las restricciones en la solicitud de licencias (art. 134 LOTT);
  • la Ley 9/2013 suprimió la libertad del artículo 134 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), pero no dio redacción alternativa; y
  • fue finalmente el Real Decreto 1057/2015 el que dio al Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT), la redacción comentada de restringir la proporción de licencias VTC a 1/30 de las del taxi.

Posterior y recientemente, destacan:

  • el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al ROTT, y
  • el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la LOTT, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, consagrando con rango de ley esa des-proporción de licencias VTC a 1/30 de las licencias del taxi.

¿Y qué tienen que ver todas estas normas y esta proporción 1/30 con las huelgas de los taxistas?

Pues bien, los taxistas arguyen que en la actualidad por las calles hay más licencias VTCs que las correspondientes a esa proporción 1/30.

Cuestión que nadie niega, pues es numéricamente cierta. ¡Como no podría ser de otra forma!

Y es que es imposible que se cumpla el 1/30 en la calle, debido al período de años en que estuvo vigente la Ley 25/2009, de liberalización de las licencias, y en las que se pudieron pedir tantas como se quisieron.

Por si ello fuera poco, las licencias solicitadas entre los Reales Decetos de 2013 y 2015 fueron recurridas sucesivamente hasta llegar al Tribunal Supremo, que -como cabía de esperar- ha ido confirmando su validez. Motivo por el cual, recientemente han salido a la calle numerosas licencias VTCs.

Ese es el motivo de queja de los taxistas. Un motivo imposible.

Dicen que el 1/30 se incumple, pero olvidan citar que la norma prevé que esa proporción sólo se tendrá en cuenta a la hora de “conceder” nuevas licencias, no a la hora de validar licencias ya concedidas anteriormente, como es el caso de las resueltas por el Tribunal Supremo.

En resumen: las licencias VTCs que hoy día operan en España son legales y se han otorgado cumpliendo la ley (les guste a los taxistas, o no).

 

Now, their turn… (el del cumplimiento legal de los taxistas)

Ahora, analicemos el cumplimiento de la ley por parte de los taxistas.

Por de pronto, las autoridades de la competencia han advertido el incumplimiento de la competencia por parte de los taxistas:

  • La Comisión Europea, CNMC y Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) declararon contraria a la Directiva de Servicios y principios de regulación eficiente la proporción 1/30. La CNMC incluso lo recurrió ante el Tribunal Supremo (ante lo que el Gobierno, del PP, respaldado por todos los grupos parlamentarios, elevaron a rango de ley la citada des-proporción)
  • El eficiente Departamento de Promoción a la Competencia, dirigido entonces por Antonio Maudes, publicó las “Conclusiones preliminares a la Consulta pública sobre Economía colaborativa” con especiales recomendaciones al sector del taxi.
  • También se calculó por parte de Mateo Silos para la CNMC, el coste mínimo del monopolio del taxi para todos los españoles y que llega a la cifra -nada desdeñable de 324 mill€/año.
  • La CNMC y ACCO han publicado numerosos informes sobre el sector del taxi, poniendo de relieve la necesidad de competencia.
  • El último informe a destacar de la ACCO, IR 32/2017, se refiere al Reglamento, cuya suspensión cautelar ha sido el origen de la huelga indefinida de los taxistas.

En definitiva, cuando el cumplimiento de la normativa de competencia ha sido declarada expresamente incumplida por los taxistas, por parte de las autoridades de competencia, éstos se dedican a atacar a las VTCs, ley en mano.

¿La solución?

Como experta en regulación, siempre que oigo que la solución está en regular más, me desespero (por la tremenda incultura regulatoria reinante).

La solución la trae nuestra propia constitución al defender una economía de mercado en su artículo 38, y por consiguiente, la libre competencia en los mercados.

La regulación -debemos recordar- es sólo necesaria en casos excepcionales, cuando es necesaria y proporcionada al interés general que la reclama, pero en caso contrario, carece de justificación y solvencia política.

Este es el caso en el que nos encontramos.

Hace tiempo me llamó un asesor económico del congreso pidiéndome ideas sobre propuestas parlamentarias relativas a economía colaborativa, con una única condición: “que no afectaran a los taxistas, que chillan mucho”

Me pregunto yo ahora, después de haberles estado dando tregua a los taxistas por todo lo que chillaban… ¿vamos de veras a seguir cautivos de sus gritos?

¿De veras no hay nadie que quiera entonar la defensa valiente de nuestro estado de derecho?

¿Algún político valiente en la sala, con ganas de cumplir con la Constitución, las Directivas y las leyes, y dejar de darle pábulo a los “gritones” del lugar?

 

 

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Rosa Guirado

Abogada y Economista. Fundadora de Legal Sharing.
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